Los delitos informáticos engloban conductas ilícitas que se ejecutan mediante herramientas tecnológicas, afectando a bienes jurídicos vinculados a la tecnología de la información. Estas acciones persiguen alterar, dañar o destruir sistemas, dispositivos electrónicos o redes digitales.

La informática y la tecnología han ampliado significativamente el alcance de las actividades delictivas, permitiendo una clasificación basada en los métodos empleados, los avances tecnológicos implicados y las evidencias necesarias para su investigación y enjuiciamiento.

Desde un punto de vista criminológico, este tipo de delitos se distingue por su capacidad de repetición y automatización, el elevado daño potencial que generan, y las barreras para su detección y comprobación. Además, destacan por la frecuencia con la que no son denunciados, su diversidad, peligrosidad y la complejidad derivada de su carácter transnacional, lo que dificulta asociarlos a un lugar o momento concreto.

El Código Penal aborda múltiples figuras delictivas relacionadas con el ámbito digital, requiriendo, en muchos casos, el empleo de técnicas avanzadas de informática forense. Las investigaciones en este ámbito suelen implicar el análisis de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o computadoras, para localizar y examinar pruebas digitales fundamentales.

Entre los delitos informáticos reconocidos en la legislación actual se incluyen actos como la utilización de menores con fines pornográficos, las infracciones contra la intimidad o el secreto de las comunicaciones, las estafas digitales, los daños contra la propiedad intelectual y el espionaje. Todos ellos reflejan cómo la tecnología, aunque beneficiosa, también plantea importantes retos legales y criminológicos que demandan especialización y adaptación constante en la práctica jurídica.

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