Uno de los temas clave en el ámbito del peritaje penal es la imputabilidad. En el sistema jurídico español, se entiende como la capacidad consciente y voluntaria de actuar. La responsabilidad penal está directamente relacionada con la imputabilidad, es decir, con la capacidad de una persona para actuar culpablemente.

Una persona es declarada responsable de sus actos cuando actúa de manera consciente y voluntaria, es decir, cuando entiende lo que hace y lo realiza con intención. El conocimiento y la voluntad son esenciales para que un jurista determine la responsabilidad penal.

La ley establece situaciones en las que se presume que una persona carece de estas capacidades, exonerándola de responsabilidad penal. Estos supuestos incluyen la enajenación mental, el trastorno mental transitorio, alteraciones perceptivas y la minoría de edad.

La enajenación mental implica una alteración grave y duradera de las facultades cognitivas o volitivas. Ahora se utiliza el concepto de «anomalía o alteración psíquica», que permite una mayor precisión en su aplicación. Se basa en el efecto psicológico que produce la enfermedad, el cual debe ser tan severo que impida al sujeto comprender la ilicitud de su conducta o actuar conforme a ese conocimiento.

El trastorno mental transitorio, por su parte, es otra eximente penal, siempre que no haya sido provocado intencionalmente. Se trata de una alteración temporal que debe coincidir con el momento de la comisión del delito. Aunque su efecto psicológico es similar al de la enajenación, la diferencia radica en su naturaleza transitoria.

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