Los términos «denunciado» e «investigado» poseen significados y connotaciones distintas que es importante entender. Ambas figuras aparecen en diferentes etapas del proceso penal y reflejan estados distintos en la investigación de un presunto delito.

El «denunciado» es la persona que ha sido señalada en una denuncia por la posible comisión de un delito. La denuncia es un acto mediante el cual una persona pone en conocimiento de la autoridad competente unos hechos que pueden ser constitutivos de delito. En esta etapa, no hay todavía una determinación formal de la existencia del delito ni una atribución oficial de responsabilidad penal.

Por otro lado, la figura del «investigado» (anteriormente conocido como «imputado» hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015) se refiere a la persona contra la cual se dirige una investigación formal por parte del juzgado de instrucción. Esto ocurre una vez que, tras las diligencias preliminares, se han encontrado indicios suficientes para considerar que esta persona puede haber participado en un delito. El investigado tiene derechos específicos, como el derecho a la asistencia letrada y a no declarar contra sí mismo, que se activan para garantizar un proceso justo.

La transición de denunciado a investigado es un paso crítico en el proceso penal. Implica que la denuncia inicial ha sido considerada suficientemente seria y fundamentada como para justificar una investigación más profunda y formal. Durante esta fase, el juez de instrucción toma diversas medidas para esclarecer los hechos, como la toma de declaraciones, la práctica de diligencias y la solicitud de informes periciales. El estatus de investigado otorga una serie de garantías procesales que protegen los derechos del individuo bajo sospecha.

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