La cancelación de antecedentes penales es un mecanismo legal que permite eliminar los registros de delitos cometidos en el pasado, tanto de las bases de datos policiales como del Ministerio de Justicia. Una vez cancelados, el individuo no está obligado a declarar estos antecedentes ante autoridades o empleadores, facilitando su reintegración en la sociedad tras cumplir su condena.

Este proceso está regulado por el Código Penal, que establece unos plazos específicos para solicitar la cancelación. Estos plazos varían en función de la gravedad del delito y se inician al día siguiente de la extinción de la pena. Para faltas leves, el plazo es de seis meses, mientras que para delitos graves puede llegar hasta los diez años. Es importante recordar que, durante este tiempo, la persona no puede cometer nuevos delitos si desea obtener la cancelación.

A pesar de estos plazos, el proceso puede demorarse debido a la tardía ejecución de las penas en España. En muchos casos, el período de cancelación no empieza hasta que se haya cumplido la condena principal, lo que puede alargar considerablemente el trámite. Además, la cancelación no suele ser automática, ya que rara vez las inscripciones se eliminan de oficio.

Una vez cumplidos los plazos correspondientes, es necesario solicitar al Juzgado una certificación que confirme que se ha cumplido el tiempo requerido. Para ello, se debe presentar una solicitud con datos como nombre, filiación, lugar y fecha de nacimiento, además de un documento de identidad y un medio de contacto. Este trámite puede realizarse de manera presencial, por correo o a través de medios electrónicos.

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