La demanda de ejecución de sentencia es un mecanismo legal mediante el cual la parte beneficiada por una resolución judicial busca garantizar su cumplimiento. Este procedimiento es esencial para hacer valer las decisiones de los tribunales en situaciones donde la parte condenada no cumple voluntariamente con lo establecido en la sentencia. Puede abarcar tanto obligaciones de carácter dinerario como no dinerario.

Obligaciones dinerarias:
Este tipo de ejecución busca garantizar el pago de una cantidad de dinero establecida por el tribunal. Para ello, se pueden aplicar diversas medidas legales, como el embargo de bienes o cuentas bancarias, con el objetivo de que el acreedor reciba efectivamente la suma ordenada.

Obligaciones no dinerarias:
Incluyen acciones específicas, como la entrega de un bien o la realización de un acto determinado. Aquí, el objetivo es asegurar que la parte condenada cumpla exactamente con lo ordenado por la sentencia.

En ambos casos, el plazo general para que el demandado cumpla voluntariamente con la resolución es de 20 días. Si no lo hace, el acreedor puede iniciar el procedimiento ejecutivo, el cual puede extenderse dependiendo de la complejidad del caso y de las medidas necesarias para llevar a cabo la ejecución. Además, suelen añadirse intereses por mora, que incrementan la cuantía adeudada si el cumplimiento es tardío.

Este proceso es frecuente en el ámbito civil, y contar con un abogado y un procurador especializados es clave para garantizar una ejecución efectiva. En Alonso y Asociados contamos con amplia experiencia en este tipo de procedimientos, asegurando que se respeten los derechos de nuestros clientes en todas las fases del proceso.