Las medidas cautelares son disposiciones provisionales adoptadas por un juez para asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia. Estas medidas tienen como objetivo principal evitar que se produzcan daños irreparables o que se haga imposible la ejecución de una futura resolución judicial.

En el ámbito civil, las medidas cautelares se solicitan para proteger los derechos de las partes mientras se resuelve el litigio. Entre las más comunes se encuentran el embargo preventivo de bienes, la intervención o administración judicial de patrimonios, y la anotación preventiva de demanda en registros públicos. Estas medidas pueden solicitarse en cualquier fase del proceso, pero su concesión requiere acreditar la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro en la demora (periculum in mora).

En el ámbito penal, las medidas cautelares tienen un carácter más restrictivo y buscan garantizar la presencia del acusado durante el proceso y evitar la reiteración delictiva o la destrucción de pruebas. Entre las más importantes se encuentra la prisión provisional, el alejamiento de determinadas personas o lugares, la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse periódicamente ante el juez. La adopción de estas medidas requiere una ponderación rigurosa de los derechos fundamentales implicados, como la libertad personal.

La adopción de medidas cautelares no prejuzga el fondo del asunto, sino que tiene un carácter instrumental. Su duración está limitada al tiempo necesario para asegurar el buen fin del proceso principal, y pueden ser modificadas o levantadas si las circunstancias cambian o si se demuestra que no son necesarias. Están sujeta a principios como la proporcionalidad, la adecuación y la menor onerosidad posible.

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